miércoles, 27 de abril de 2011

Recaudación defensa jurídica Profesor Clavero


El pasado 19 de abril se aprobaron en Consejo de Gobierno los estatutos de las ocho nuevas agencias, momento que estábamos esperando para poder iniciar el proceso de recurso de todos y cada uno de los Decretos por los que se aprueban los mismos. La publicación en BOJA está prevista para este jueves 28 de abril, si no consiguen adelantarla al miércoles 27.

De conformidad con lo acordado por la mayoría de asistentes a las Asambleas de Empleados/Empleadas Públicas convocados por PEPA-Sevilla, entre las que se incluye las distintas plataformas, vamos a iniciar a partir de hoy (martes 26 de abril) la recaudación para abonar los gastos derivados de la defensa jurídica del caso por parte del Profesor Clavero. El presupuesto para los recursos está estimado en, 4.000 por cada estatuto + IVA + procurador x 8 estatutos), se ha acordado una previsión de gastos totales de 45.000 €. (con IVA incluido, gastos de notario, procurador...)

En cuanto a la parte proporcional de gastos que nos correspondería abonar a cada persona, como ya sabéis, inicialmente aportamos 6 euros (para abonar el informe de inconstitucionalidad realizado por el Prof. Clavero) de los cuales solo consumimos para ese fin 2 € (al sumarse muchas más personas de las inicialmente esperadas), quedando un saldo a favor (11.900 €), que se destinará a este fin.

Córdoba, como también sabéis, apuesta por contratar al bufete cordobés de Mariano Aguayo por un presupuesto de 60.000 euros. El resto de provincias está en proceso de decisión.

Nuevas incorporaciones de otras provincias o nuevos compañeros que se adhieran no se descarta. Tras hacer una nueva estimación de gastos de los recursos que se van a interponer ahora, así como del número de compañeros/as que han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa, entendemos que con una nueva aportación de 15 euros por persona podríamos estar en condiciones de hacer frente a todos los gastos.

En caso de que la cantidad recaudada ahora resultase superior a la parte proporcional que finalmente nos corresponda abonar, el exceso será devuelto a cada persona.


En caso de que haya compañeros/as que no se sumaran a la iniciativa anteriormente y quieran hacerlo ahora, deberán abonar 21€ (los 6€ iniciales y los 15€ de ahora).


Hoy martes 26 de abril se dará un paso importante, las 20 personas que delegarán su representación y defensa jurídica en Clavero en nombre de todas las personas de las plataformas, formalizarán ante notario este proceso legal.



Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía


¡NO AL DESPILFARRO EN LA GESTIÓN PÚBLICA!
¡NO A LA AGENCIALIZACIÓN!
¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE "DESORDENACIÓN" Y SUS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS!
¡POR LA INDEPENDENCIA Y LA TRASPARENCIA EN EL ACCESO Y EN LA GESTIÓN PÚBLICA!

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ LO VE CLARO Y SE MOJA


Chamizo pide al Defensor Estatal que recurra el «funcionariazo»
Día 26/04/2011

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado a la Defensora Estatal, María Luisa Cava de Llano, actualmente en funciones, la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo». Chamizo, de esta forma, da respuesta positiva a la petición que días atrás le hizo la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), tras hacerle entrega del dictamen que sobre la citada normativa emitió el profesor Manuel Clavero, en el que aprecia que varios de sus artículos pueden ser inconstitucionales.
Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA, informó a ABC que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha tramitado la petición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Junta, que en su caso deberá presentar el Defensor del Pueblo Estatal.

Informe «demoledor»

Chamizo, que días atrás se entrevistó con una delegación de la PEPA, recibió en ese encuentro el dictamen que por encargo de los empleados público realizó sobre la citada Ley el catedrático Manuel Clavero, un informe calificado por los trabajadores de «demoledor», y en el que se cuestiona seriamente la legalidad de la normativa auspiciada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. De hecho, el informe de Clavero es la principal baza de los empleados públicos para «convencer» al Defensor del Pueblo y que el «funcionariazo» llegue al Tribunal Constitucional.
En paralelo, la Plataforma va a requerir también los servicios del profesor para que impugne en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de la agencias que conforman el nuevo modelo de la Administración andaluza. De hecho, miembros de la PEPA entregarán hoy a Manuel Clavero el preceptivo poder notarial para que actúe en nombre de los empleados públicos, según señaló la portavoz de estos últimos, Auxiliadora Honorato.
Los estatutos, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado martes, serán también objeto de recurso por los sindicatos CSIF, Safja y Ustea una vez se publiquen en el BOJA el próximo jueves.

miércoles, 20 de abril de 2011

MAS RECURSOS CONTRA LAS AGENCIAS: LOS SINDICATOS TAMBIÉN IMPUGNAN

CSIF, Safja y Ustea recurrirán los estatutos de las nuevas agencias públicas de Junta ante el TSJA cuando se publiquen

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CSIF, Safja y Ustea han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de las nuevas agencias públicas de la Junta, contempladas en la Ley de Reordenación del sector público andaluz y que fueron aprobados este martes en Consejo de Gobierno de la Junta.

Los sindicatos recurrirán los estatutos una vez que salgan publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), al igual que también tienen previsto recurrir los protocolos de integración de personal y las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las nuevas agencias. Por ello, cada uno de los tres sindicatos ya tiene trabajando a sus respectivos servicios jurídicos en la elaboración de los recursos para su posterior presentación.

Fuentes de CSIF han indicado a Europa Press que los sindicatos "todavía no tenemos los textos definitivos de los estatutos, por lo que no sabemos qué propuestas ha aceptado la Junta, procedentes de los sindicatos y de los demás agentes sociales y resto de afectados por la reordenación".
De esta forma, han lamentado que "a fecha de hoy los sindicatos  desconocemos el contenido y lo sabremos cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)".

En ese sentido, CSIF ha indicado que no espera "ningún cambio sustancial ni ninguna consideración a nuestras peticiones, que pasaban por al anulación de la reordenación, que consideramos inconstitucional y contraria al Estatuto de Autonomía andaluz", por lo que recurrirán los estatutos una vez que se publiquen en BOJA, algo en lo que "ya están trabajando nuestras asesorías jurídicas".
"Con esta Consejería de Hacienda y Administración Pública no existe negociación en el diccionario, por lo que esperamos que los tribunales vayan tumbando la normativa elaborado y aprobada de forma impositiva", han agregado.

Por su partes, fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) han indicado a Europa Press que ya han mandado a los abogados del sindicato que vayan preparando los recursos "para ultimarlos y presentarlos cuando los estatutos salgan publicados en próximos días en el BOJA".
Fuentes del Safja han lamentado que estos estatutos y estas agencias "suponen la huida del derecho administrativo por parte de la Administración con la agencialización de los servicios públicos, que pasan al orden privado y a la privatización, algo que no es defendible ni desde la Constitución ni desde el Estatuto".

Tras precisar que presentarán recursos contra los estatutos de las agencias ante el TSJA, este sindicato ha recordado que espera seguir "el mismo camino que emprendimos con los estatutos de la Agencia Tributaria andaluza, sobre los que hay sentencia del Alto Tribunal andaluz favorable al sindicato".

Por su parte, fuentes de Ustea han recordado a Europa Press que ya en las mesas sectoriales el sindicato anunció que recurriría los estatutos cuando se aprobaran y se publicaran en el BOJA, por lo que han precisado que van a recurrir los estatutos, los protocolos de integración y las RPT, ya que "la Ley de Reordenación el sindicato no está legitimado para recurrirla y debe hacerlo un partido político".
"Estamos manifiestamente en contra de estos estatutos y de todo lo que mane de la Ley de Reordenación, siempre lo hemos estado, por lo que cuando se publiquen los vamos a recurrir", han agregado las fuentes, quienes han precisado que ya el gabinete jurídico están estudiando la fórmula para el recurso, donde además pedirán la suspensión cautelar de la aplicación de esos estatutos.

LLUVIA DE ESTRELLAS: NOMBRAMIENTOS A GOGÓ EN QUIENES NO SON FUNCIONARIOS ¿ALGUIEN SE PENSABA OTRA COSA?

Doce nuevos nombramientos por reestructuración en cinco consejerías fruto de la reordenación del sector público

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes doce nuevos nombramientos como consecuencia de la modificación de los organigramas que se ha llevado a cabo en cinco consejerías, las de Economía, Innovación y Ciencia; de Empleo; de Agricultura y Pesca; de Igualdad y Bienestar Social, y de Medio Ambiente, a raíz de la reordenación del sector público andaluz.


SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS) 19 de abril de 2011
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes doce nuevos nombramientos como consecuencia de la modificación de los organigramas que se ha llevado a cabo en cinco consejerías, las de Economía, Innovación y Ciencia; de Empleo; de Agricultura y Pesca; de Igualdad y Bienestar Social, y de Medio Ambiente, a raíz de la reordenación del sector público andaluz.



Así, en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ha sido nombrado como secretario general de Innovación y Sociedad de la Información Juan María González Mejías (Sevilla, 1970), que desde julio de 2010, dirigía la desaparecida Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.



En la Consejería de Agricultura y Pesca, los nombramientos han sido: gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Isabel Liviano Peña; director general Económico-administrativo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Ángel Aguayo Marín; director general de Servicios Técnicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, José Carlos Maldonado Borrego, y director General de Inspección, Control y Análisis de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Miguel Ángel González García.



Liviano Peña ha ocupado desde 2009 el cargo de secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca; Ángel Aguayo Marín venía desempeñando desde 1993 el cargo de director financiero-apoderado y responsables del Área Administrativa-Financiera de las Empresas Públicas de la Estación de Esquí de Sierra Nevada; Juan Carlos Maldonado ocupaba en la actualidad el cargo de feje de servicio de Asentamientos Agrarios en la Dirección General de Regadíos y Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca, y Miguel Ángel González García ocupaba hasta el momento el puesto de director del Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Sevilla.


En la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, ha sido nombrado director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Julio Samuel Coca Blanes (Sevilla, 1967), que hasta ahora estaba al frente de la suprimida Secretaría General para la Atención a la Dependencia. Ha ocupado destacados puestos de responsabilidad en la administración andaluza, en la que ha sido director general de Instituciones y Cooperación con la Justicia y director general de Reforma Juvenil, ambas de la Consejería de Justicia y Administración Pública (2000-2004) y director general de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2008).


Asimismo, en la Consejería de Cultura se ha procedido a los nombramientos del gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Alberto Mula Sánchez, y del director de la Agencia de Instituciones Culturales, Luis Miguel Jiménez Gómez.


Alberto Mula Sánchez (Madrid, 1957), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, desempeñaba en la actualidad el cargo de subdirector general del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. Por su parte, Jiménez Gómez (Martos, Jaén, 1959) ocupaba desde 2010 el puesto de director gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.


Por último, en la Consejería de Medio Ambiente los nuevos nombramientos han sido: secretario general de Agua, Juan Paniagua Díaz; director gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Francisco Mora Recio; directora General de Infraestructura y Explotación del Agua, María Belén Gualda González, director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano Aguilar.



Juan Paniagua ocupaba en este momento el cargo de director gerente de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua; Francisco Mora Recio ha desempeñado el cargo, desde mayo de 2010, de consejero delegado de la extinta Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa); María Belén Gualda ocupaba desde enero de este año la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua, y Javier Serrano ocupaba desde enero de 2009 el cargo de director general de Dominio Público Hidráulico de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua.



Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha ratificado en su puesto a Rafael Blanco Peña como director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta (designado por la consejera de Obras Públicas y Vivienda el 25 de enero de 2011).



Asimismo, han sido ratificados en sus puestos a María Agapita García Cubillo como directora gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES) Hospital de Poniente de Almería; a Félix Mata Fuentes como director gerente de la APES Costa del Sol; José Luis Gómez Barreno como coordinador ejecutivo de la APES Costa del Sol; Alfonso Gámez Poveda como director gerente de la APES Hospital Alto Guadalquivir, y Manuel Huerta Almendro como director gerente de la APES Bajo Guadalquivir.

SE APROBARON LOS ESTATUTOS DE LAS AGENCIAS CORTIJERAS

Aprobados los estatutos de las ocho agencias creadas en el marco de la reordenación del sector público


Foto de la Noticia

La reestructuración, que también incluye cambios en cinco consejerías, suprime 166 directivos y conlleva un ahorro anual de 3 millones en salarios

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado los estatutos de las ocho agencias  instrumentales creadas en el marco de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz. Esta reestructuración, que supondrá un ahorro anual de 3 millones de euros en salarios y la supresión de 166 puestos directivos, incluye también la modificación de los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; de Empleo; de Agricultura y Pesca; de Igualdad y Bienestar Social, y de Medio Ambiente, cuyos correspondientes decretos también ha aprobado hoy el Gobierno andaluz.

Los nuevos estatutos, negociados con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General del Empleado Público de la Administración de la Junta, son los de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

Así, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia modifica su estructura con la puesta en marcha de la Agencia Andaluza del Conocimiento, como agencia pública empresarial, y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La Agencia Andaluza del Conocimiento pasa a asumir las funciones y el personal de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, de la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia) y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CIT Andalucía).

En cuanto a la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y  Sociedad de la Información, sus competencias las asume la Secretaría General de Innovación, que a partir de ahora pasa a denominarse de Innovación y Sociedad de la Información. Entre otras funciones, asumirá las relativas a telecomunicaciones, sociedad de la información e innovación, prospección y evaluación en las administraciones públicas andaluzas.

Asimismo, dentro del proceso de optimización de recursos en Economía,  Innovación y Ciencia, se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. Las competencias de estas dos entidades se trasladan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento, respectivamente.

La creación de la Agencia de Obra Pública constituye el cambio más destacado del proceso de reordenación del sector público andaluz en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas. La nueva entidad, que adopta la forma de agencia pública empresarial, surge a partir de las antiguas sociedades Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa).

La Consejería de Empleo modifica su organigrama con la aprobación de los nuevos estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se convierte en agencia de régimen especial con el fin de aumentar su autonomía, capacidad de gestión y especialización. El nuevo SAE, que mantiene su actual estructura directiva, asume las competencias e integra al personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los consorcios Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Del total de puestos directivos que se suprimen en el marco de la reordenación del sector público andaluz, 95 corresponden a estas unidades.

En el ámbito de la Consejería de Salud, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol pasa a convertirse en la cabecera del grupo integrado por las agencias Bajo Guadalquivir, Alto Guadalquivir y Poniente, que gestionan cuatro hospitales y 11 centros hospitalarios de alta resolución en la comunidad autónoma. Ello implica la aprobación de los nuevos estatutos de la primera de estas agencias (la de mayor antigüedad y volumen de gestión) y la modificación de los del resto.

En la Consejería de Agricultura y Pesca se crea la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) y desaparecen la Empresa Pública de Desarrollo Agraria y Pesquero (Dapsa) y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Agapa se constituye como agencia de régimen especial para asumir, entre otras funciones, las de ejecución de programas y acciones de fomento; vigilancia e inspección; tramitación de ayudas y subvenciones; gestión de laboratorios, y realización de obras de infraestructuras agrarias y pesqueras. Asimismo, integrará en su seno a las 59 oficinas comarcales agrarias de la comunidad, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea (Ieamed) y el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, situado en Dos Hermanas (Sevilla).

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El principal cambio en el organigrama de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se deriva de la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y la consiguiente supresión de la Secretaría General para la Atención a la Dependencia. Asimismo, desaparecen la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social. La entidad que se crea, configurada como agencia pública empresarial, asume las competencias que hasta ahora venían desarrollando estas fundaciones y la anterior Secretaría. Su creación supondrá el reforzamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de cuyas prestaciones se benefician en Andalucía 186.400 personas (el 30 por ciento del total nacional).

En la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), agencia pública empresarial que llevará a cabo funciones de dirección, organización, producción, fomento, promoción y difusión de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales. Esto supone la supresión del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente modifica su estructura orgánica con la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como entidad instrumental adscrita, y de la Secretaría General de Agua. La nueva agencia pública empresarial asume las funciones y el personal de la extinta Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa), así como una parte de las competencias de la también desaparecida Agencia Andaluza del Agua, especialmente las relativas a emergencias. La otra parte se traslada a la Secretaría General de Agua, que será la encargada de impulsar los proyectos de la Consejería en materias de planificación, participación, dominio público hidráulico, infraestructuras y explotación de aguas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, preguntada sobre si es "arriesgada" esta reforma en Medio Ambiente cuando aún está por resolverse el asunto de las competencias del Guadalquivir, ha expresado que "en absoluto" por cuanto las competencias en materia de agua no "empiezan ni terminan en el Guadalquivir".    

Asimismo, ha señalado que la Junta ha querido acometer una reforma del sector público que es, ante todo, una revisión de procedimientos, de estructuras y en clave de austeridad y de eficacia de lo que es la administración de la Junta, "salvaguardando la garantía de lo público, sin recorte de los servicios que se prestan y sin lesionar derechos de los trabajadores y de los funcionarios".

Ha apuntando que la Junta no ha querido que la reforma del sector público se traduzca en una pérdida de empleo público, sino que se traduzca en una administración "más moderna, más austera, mejor dimensionada y capaz de responder a los retos que nos tiene planteado el cambio de modelo de productivo".

martes, 12 de abril de 2011

La PEPA con el Defensor del Pueblo


Empleados y empleadas públicas de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía) han hecho hoy entrega del informe elaborado por el Dr. Clavero Arèvalo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la petición de que en defensa de la ciudadanía andaluza solicite a su homólogo estatal la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 1/2011 de reordenación de la Administración Pública andaluza ante el Tribunal Constitucional.

El defensor se ha comprometido a dar una respuesta este jueves acerca de esta tramitación comprometiéndose a custodiar la copia del informe en tanto tramita la misma. Por otro lado ha anunciado que junto con su equipo estudiará el documento, prestando especial atención a las causas de incostitucionalidad que según el Prof. Clavero atentan contra los derechos de las y los ciudadanos andaluces emitiendo una declaración institucional mas adelante.


Ademas tenéis en este enlace de RNE en los podcast de los informativos territoriales, en la Crónica de Andalucia del 12 de abril en el minuto 28,42, salimos en directo en una noticia muy significiativa.
http://www.rtve.es/podcast/radio-nacional/cronica-de-andalucia/

IDEAL
http://www.ideal.es/agencias/20110412/mas-actualidad/andalucia/funcionarios-piden-ayuda-chamizo-para_201104121420.html





domingo, 10 de abril de 2011

segunda entrega sobre el informe de Clavero... lo desentraña la compañera Auxi

... desentrañada en rueda de prensa por la compañera Auxi

Principal afectado: LA CIUDADANÏA


Tercera causa: quiebra del principio de Igualdad en el acceso a la función pública



Cuarta causa: vulnera el principio de seguridad jurídica



Próximos pasos en la gestión del Informe, ¿y ahora qué?


Defensa Jurídica contra los Estatutos de las Agencias

INFORME CLAVERO: CONTABILIZACIÓN DEL SOBRANTE DE LO RECAUDADO EN SEVILLA QUE SE DESTINARÁ A PAGAR LA IMPUGNACIÓN DE LOS ESTATUTOS

De lo recaudado en Sevilla, en la primera columna de cada 6 euros puestos por cada empleado público, 2 € han ido a pagar el Informe Clavero, los otros 4 € se destinan a la impugnación de los Estatutos.

En la segunda columna, como ya estaba cubierto el coste del Informe Clavero, todo lo recaudando (los 6 € de cada empleado público) se destinará íntegramente a pagar la impugnación de los Estatutos.

En estos momentos, ya tenemos casi 10.500 € para los Estatutos, aparte de lo que proceda de las restantes provincias.

Seguimos insistiendo que nos falta gente para recaudar en muchos sitios, especialmente en los centros pequeños, donde significarse ante los cortijeros resulta un acto de valor que no podemos exigir a todo el mundo.

CENTRO
nº personas que aportaron al informe (4 € x persona)
 nº de personas que se sumaron despues (6 € x persona)
montante total para los estatutos 
Cultura
140       (560 €)
2        (12 €)
572 €
D.P. Medio Ambiente
58

232 €
SS.CC Medio Amb.
14

56 €
SS.CC Obras Públicas
230       (920 €)
2        (12 €)
932 €
D.P. Obras Públicas

88     
528 €
Salud
142       (568 €)
4        (24 €)
592 €
Presidencia
10

40 €
Agricultura
374

   1.496 €
ESPA
16

64 €
IAJ
20

80 €
Consej. de EIC
184

736 €
Agua
102       (408 €)
5        (30 €)
438 €
Torretriana
588

2.352 €
IAM
20

80 €
Empleo
200

800 €
SS.CC  Igualdad143       (572 €)15      (90 €)                         662 €
D.P  Igualdad192       (768 €) 2       (12 €)                         780 €
TOTAL2.433 personas
118  personas
10.480 €
  
                                 
 Plataforma de Empleados blicos de Andalucía



viernes, 8 de abril de 2011

Video de la rueda de prensa... las conclusiones explicadas por la compañera Auxi


El papel de ls Emplead@s Públcos en la recaudación:



Conclusiones generales del informe: INCONSTITUCIONALIDAD



Los pilares de la ley son INCONSTITUCIONALES



La primera de las causas de inconstitucionalidad:


y mañana más....

Conclusiones de puño y letra de Clavero Arévalo

Algunas noticias en prensa

Rueda de prensa sobre el informe del profesor Clavero


El Profesor Clavero Arévalo elabora un demoledor informe sobre la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía afirmando que dicha Ley viola seriamente diversos artículos de la Constitución

Ante el encargo realizado por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía al ex-ministro de UCD, ex-rector de la Universidad de Sevilla, catedrático jubilado de Derecho Administrativo y Abogado, Profesor D. Manuel Clavero Arévalo sobre la constitucionalidad de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida por “el funcionariazo”, éste ha presentado un extenso dictamen que resulta sumamente demoledor, al afirmar que dicha Ley vulnera seriamente varios artículos constitucionales.

Sevilla, 7 de abril de 2011.- El profesor Clavero Arévalo ha elaborado un minucioso informe sobre la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, dictaminando que ésta quebranta gravemente diferentes artículos de la Constitución.
Así, en primer lugar afirma que la carácter con la que se define a las Agencias Públicas Empresariales y a las de Régimen Especial, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución que garantiza la seguridad jurídica, al establecer la citada ley que su actividad se regulará por el derecho privado o por el derecho administrativo, pero sin que existan elementos que permitan diferenciar con certeza y seguridad jurídica qué actuaciones serán regulados por la normativa privada y cuales lo serán por la pública, sino que juega con conceptos difusos y contradictorios, lo que creará incertidumbre en su aplicación, por lo que, asimismo, pudiera dar lugar a indefensión de los ciudadanos, taxativamente prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, con riesgo de acudir en caso de conflicto a una jurisdicción inadecuada, pudiendo quedar, por ello, igualmente afectada la tutela judicial efectiva.

En segundo lugar, afirma el profesor Clavero que la referida Ley 1/2001 vulnera los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución en la medida que nuestra Carta Magna ha decidido que la actividad de las Administraciones Públicas sea desempeñada, como regla de carácter general, mediante un sistema estatutario ejercido por funcionarios públicos, dejando para el personal laboral funciones excepcionales de apoyo relacionadas con oficios diversos. En el mismo sentido se expresa el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, y la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Al contrario de lo preceptuado por la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público, considera el profesor Clavero que en las Agencias Administrativas Empresariales y de Régimen Especial, la Ley 1/2011 rompe el mandato constitucional que apuesta por un régimen prioritariamente estatutario en la prestación de los servicios públicos tal y como exigen los art. 103.3 y 148.1.18 de la Constitución, e incluso va más allá, al dar preferencia al personal laboral y a la aplicación del Derecho Privado, como queda manifiestamente en evidencia en relación a las Agencia Públicas Empresariales.
Todo esto no es baladí, si tenemos en cuenta que este modelo lo que pretende es preservar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas, el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Estas garantías con este nuevo modelo quedan pues rotas definitivamente.
En tercer lugar, en cuanto al sistema de integración en las Agencias Públicas, tanto empresariales, como de régimen especial que la citada Ley 1/2011 para el personal proveniente de todo el entramado empresarial suprimido, vulnera los artículos 14, 23.2 de la Constitución y 55.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues difiere esa integración a un indeterminado protocolo que se adoptará con la Consejería responsable de la Administración Pública.

En esa línea, advierte el profesor Clavero que la composición del personal de las Agencias Públicas empresariales y de régimen especial será mixto, unos procedentes de los entes extinguidos y otros de la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que en dicho proceso se plantea la duda de si todos los integrados han de tener el mismo título para que no exista desigualdad con el fin de respetar lo establecido en los arts. 14, 23.2 de la Constitución y 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues los requisitos de ingreso para unos y otros han sido muy diferentes, ya que para el personal procedente de los entes extinguidos, su contratación se produjo en el marco del derecho laboral.

Desde las plataformas ya denunciábamos este proceso de una manera más gráfica, al expresar que se estaban mezclando las churras y las merinas, con el único objeto de provocar después la confusión y el consiguiente lavado del empleo negro. En este lío monumental de integraciones de diversa procedencia se dan situaciones ridículas, así, el profesor Clavero manifiesta la paradoja que en la nueva Agencia Andaluza del Conocimiento nunca podrá integrarse el personal funcionario procedente de la extinta Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, pues la nueva Agencia creada mediante esta Ley 1/2011 expresa que en todo caso su personal se rige por el derecho privado, es decir, que habrá funcionarios obligados a laboralizarse.

Añade el profesor Clavero que incluso en el caso del ejercicio de potestades públicas en el marco de estas Agencias Públicas empresariales, la actividad de los funcionarios ha de ser completa, y no reducirse a la mera firma de expedientes ya tramitados por personal laboral, porque eso significaría una pérdida de la garantía de los ciudadanos que la Constitución impide.

En cuarto y último lugar, el profesor Clavero asegura que la Ley 1/2011 igualmente vulnera el artículo 149.1.18 de la Constitución y 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público al atribuir potestades administrativas a las Agencias Públicas empresariales, algo que nunca ha estado previsto en el art. 149.1.18 de la Constitución, que declara como competencia exclusiva del Estado el régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones.

Por ello, el Estado promulgó el Estatuto Básico del Empleado Público cuyo art. 9.2 reserva exclusivamente a los funcionarios el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el realización de potestades públicas o salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las Administraciones Públicas, lo que evidentemente queda vetado al personal no funcionario de las agencias, que se rige por el derecho laboral, cuestión que no se puede solucionar con el parche introducido por la reiterada Ley 1/2011 de que sea el personal funcionario de la consejería a la que este adscrita la agencia empresarial, “bajo la dirección funcional de la agencia”, quien realice las funciones relacionadas con las potestades públicas.

miércoles, 6 de abril de 2011

EL PROFESOR CLAVERO CONSIDERA INCONSTITUCIONAL LA LEY DEL DECRETAZO

Un informe de Clavero considera "inconstitucional" la Ley de reordenación del sector público

Un informe del especialista en Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo considera que la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz es "inconstitucional", según ha informado este martes las Plataforma de Empleados Públicos, quien encargaron este dictamen.


5 de abril de 2011

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Un informe del especialista en Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo considera que la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz es "inconstitucional", según ha informado este martes las Plataforma de Empleados Públicos, quien encargaron este dictamen.

Según apuntan estas plataformas, las conclusiones del dictamen son "demoledoras" para la ley y la reestructuración que el Gobierno andaluz impulsa, poniendo especialmente de manifiesto el "grave" perjuicio que supondría para la ciudadanía la aplicación de este modelo. Así, indican que este dictamen supone "un espaldarazo" a la lucha que los empleados públicos de la Junta de Andalucía, autoorganizados en asambleas de trabajadores, comenzaron hace más de nueve meses.

La participación de los empleados públicos en la iniciativa de encargo del informe ha sido "masiva" y en cada centro de trabajo y en cada provincia trabajadores anónimos han hecho posible la recaudación "en tan solo una semana sirviendo de enlace para que miles pudieran participar de esta iniciativa, iniciando así la defensa jurídica de los servicios públicos desde las plataformas".

Asimismo, han informado de que el próximo jueves las Plataformas darán a conocer el dictamen del profesor Clavero al completo.

martes, 5 de abril de 2011

GRAVE CRISIS EN EL PSOE ANDALUZ

Andalucía / crisis de gobierno

Dimite el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro

El socialista ha presentado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su dimisión. Fuentes socialistas vinculan la dimisión con el cese del delegado del Gobierno en Cádiz

Día 04/04/2011 
Dimite el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro
EFE 

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha presentado su dimisión al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al conocer que el Consejo de Gobierno tiene previsto en su reunión de mañana cesar al delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Gabriel Almagro. Sin embargo, las claves de la dimisión de Pizarro hay que buscarlas en otras cuestiones que tienen mucho que ver con el control del PSOE-A y la cada vez menos modélica sucesión de Manuel Chaves al frente del partido y de la Junta de Andalucía.

En primer lugar, la dimisión del político gaditano hay que situarla, para empezar, en el distanciamiento que han vivido en los últimos tiempos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. Las tensiones entre ambos comenzaron cuando Griñán forzó el pasado año un congreso extraordinario para ser nombrado secretario general del PSOE-A, cónclave en el que lideró una renovación del partido en el que laminó a la “vieja guardia” en la que se había apoyado Chaves, entre ellos, Luis Pizarro, quien fue apeado como número dos en favor de Rafael Velasco, quien dimitió hace solo unos meses por las subvenciones que recibió la empresa de su mujer.