Chamizo se desentiende de las protestas de los funcionarios
Delega en el defensor estatal la posible impugnación
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha remitido un escrito a la Defensora del Pueblo Estatal en funciones, María Luisa Cava de Llano, en el que le ofrece la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Administración de la Junta, medida que sin embargo no apoya la institución andaluza pese al requerimiento expreso que le hizo la Plataforma de Empleados Públicos.
De esta forma, el Defensor del Pueblo Andaluz se desmarca del movimiento de protestas que durante los últimos meses ha venido protagonizando gran parte de los funcionarios de la Junta, y traslada a la institución estatal la decisión de la hipotética impugnación.
Fue el pasado 14 de abril, tras mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Empleados Públicos, cuando Chamizo envió al Defensor Estatal la petición para que presentara el recurso de inconstitucional (como informó ABC), aunque «quedando a salvo el análisis posterior que procedía acometer sobre las pretensiones de la Plataforma».
Chamizo recuerda que meses atrás, cuando todavía la Ley no se había aprobado y la reordenación se estaba impulsado con formato de decreto, la Oficina del Defensor del Pueblo ya se pronunció y consideró (tras oír a la Junta de Coordinación) que no procedía recurrir ante el Constitucional. Ahora vuelve a repetirse la historia, y del análisis jurídico realizado, se concluye que «La Ley de Reordenación del sector público se enmarca en el ámbito constitucional y estatutario de las competencias de autoorganización de las instituciones, entidades y órganos administrativos de la Administración Autonómica, cuya competencia corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma».
Así, y al margen del «criterio que adopte» el Defensor Estatal, Chamizo destaca que una vez oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, se acuerda de nuevo «no instar la formulación del recurso de inconstitucionalidad». La Plataforma contaba como principal baza un dictamen del profesor Manuel Clavero donde este experto en Derecho Administrativo apreciaba que la parte fundamental la Ley podría ser inconstitucional
