MANIFESTACIÓN 22 DE ENERO DE 2011.
SEVILLA, 12:00 h.
Palacio de San Telmo – Parlamento de Andalucía
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD,
NO A LA PRIVATIZACIÓN
CONVOCAN:
Asociaciones y Plataformas:
Asociación “Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía”
Asociación “El Tercer Lado”
Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía
Organizaciones Sindicales:
CSIF-A
CGT-A
SAT
USO
USTEA
AAMAA
SAFJA
APIA
PIENSA-VOLENS
SE ADHIERE:
Asociación “Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública”
Hace casi seis meses desde que el 28 de julio de 2010 se publicó en el BOJA, como un Decreto-Ley, la Reordenación del Sector Público Andaluz. El Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo el pretexto de un falso ahorro en el gasto público y una supuesta “reordenación” de la Administración, pretende la mercantilización y posterior privatización de los servicios públicos. Lo intentó primero mediante Decretos-Leyes (5 y 6/2010); aplicándose y en vigor, y ahora con la tramitación de éstos como Proyecto de Ley en el Parlamento. Con este modelo que pretenden imponer, se vulnera la transparencia y la independencia de la gestión pública.
Se ataca, en primer lugar, a la ciudadanía que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad, y que verá cómo algunos de dichos procedimientos, tan cruciales como, por ejemplo, la asignación de ofertas de empleo, la selección de residencias para la tercera edad, la adopción y la protección de los menores, la gestión del agua, la elección de un colegio, la recepción de una pensión no contributiva o la tramitación de subvenciones, pasarán a depender del arbitrio de una empresa cuya dirección tendría intereses claramente partidistas.
Se ataca, en segundo lugar, a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, porque el acceso a la función pública, con el surgimiento y desaforado crecimiento de la Administración Paralela, se está viendo y se va a ver drásticamente restringido.
Y, en tercer lugar, se ataca a los empleados públicos de la Junta de Andalucía –ya sean funcionarios de carrera o interinos, laborales (fijos, temporales o eventuales)- dado que se limita la movilidad geográfica y la promoción. No habrá durante muchos años OEPs o serán raquíticas y se propicia y facilita el futuro despido colectivo, creando mayor inestabilidad laboral y perpetuándose situaciones de precariedad y desigualdad, hoy ya existentes.
No queremos un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares. Al crear la figura de las agencias administrativas, empresariales y especiales se ha pretendido, y se pretende, seguir derivando a éstas las funciones y la prestación de los servicios públicos. Con ello se continuarán vaciando de competencias a las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía y de funciones a los empleados públicos, funcionarios y laborales, legítimos detentadores de dichas competencias.
Nuestra Comunidad Autónoma, efectivamente, precisa de una profunda Reordenación del Sector Público, pero nosotros queremos un modelo de reordenación SIN AGENCIAS ni cualquier otra fórmula de Administración Paralela ni de gestión privada.
Queremos que no se lesionen ni nuestra dignidad, ni nuestros derechos constitucionales como ciudadanos, opositores, empleados públicos y profesionales de la Administración. Queremos que se adapten las Relaciones de Puestos de Trabajos a las necesidades de gestión y prestación de servicios, aumentando así las Ofertas de Empleo Público a las que todo ciudadano pueda acceder de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, con procesos selectivos de concurrencia competitiva con publicidad, de acuerdo con el Art. 23.2 de la Constitución Española.
No queremos un modelo de reordenación que les dé un poder absoluto a los medios y altos cargos, a la cúpula de esos entes instrumentales de la Administración Paralela, que, por ende, se escapa del efectivo control político y financiero del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, respectivamente.
No queremos que se fomente la Administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de “ordeno y mando”, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, que son despojados de herramientas jurídicas para ejercer su imparcialidad, neutralidad y objetividad.
No queremos un modelo de reordenación que destruya puestos de trabajo estables y convierta a la Administración Pública en un nuevo nicho de empleo precario.
No queremos un modelo de reordenación que fomente la pérdida del control sobre el gasto público. Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos. Queremos una total transparencia en la gestión del dinero público, que se presten los servicios públicos sin despilfarro y que se conserve el patrimonio de todas las personas que somos andaluces y vivimos en Andalucía.
Se está pretendiendo acabar con el estado del bienestar y las garantías sociales y se ve que, detrás de estas medidas, lo que hay es el afán por mercantilizar los servicios públicos y acabar con la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Como meros ejemplos de esta clara intención, pensemos en cómo los transportes públicos de las ciudades y pueblos andaluces están viendo reducidas o eliminadas líneas porque no son rentables o cómo se está aminorando la red de trenes de cercanías, para potenciar el AVE de forma centralizada y con tarifas no accesibles para todos. Y, un ejemplo más y el próximo paso de esta mercantilización: el proyecto existente de copago en los servicios sanitarios públicos.
Es por ello por lo que exigimos la derogación de los Decretos 5 y 6/2010 y la paralización del actual trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Reordenación, al que consideramos un mal clon de los anteriores.
Los cambios necesarios no son éstos. Salimos hoy a la calle a exigir que se siga el cauce y trámite legal y reglamentario de todo Proyecto de Ley, que incluye, por imperativo legal, un amplio debate ciudadano donde participen, a través del correspondiente trámite de audiencia, todos los sectores implicados: Plataformas de Empleados Públicos y de Opositores, Asociaciones, Sindicatos, trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía, y la ciudadanía, de cara a una reforma de la Administración que GARANTICE LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS Y LA PRESTACIÓN DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.
SIN EMPLEADOS PÚBLICOS, NO HAY SERVICIOS PÚBLICOS Y SIN SERVICIOS PÚBLICOS PASAMOS DE SER CIUDADANOS CON DERECHOS A SER MEROS CLIENTES POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, NO A LA PRIVATIZACIÓN
